Causa Vialidad: la fiscalía pidió que se aumente la pena de CFK de 6 a 12 años de prisión

 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le reclamó al próximo gobierno que respete la Constitución

El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires les reclamó a los candidatos para las próximas elecciones generales que se comprometan a respetar la Constitución Nacional y no gobernar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.

En un documento la entidad señaló que “la proximidad de un nuevo proceso electoral abre todo tipo de expectativas. Los partidos políticos comienzan sus campañas, deciden las listas de candidatos, se entrevistan con funcionarios, magistrados, futuros postulantes a ocupar puestos públicos, recorren el territorio y sus equipos de especialistas comienzan a trabajar febrilmente imaginando cuáles serán sus primeras medidas de gobierno, en caso de ganar las elecciones”.

En ese marco -sostuvo la entidad- comienzan a circular también inevitablemente informaciones o rumores sobre cuáles serán las características de las primeras medidas que tomarían las próximas autoridades. Frente a esto, el Colegio de Abogados advirtió que seguramente no faltarán propuestas poco imaginativas que vuelvan sobre prácticas que fracasaron o que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desautorizó.

“la idea de eludir al Congreso Nacional vía decretos de necesidad y urgencia es una que ha sido empleada de manera creciente por gobiernos de distinto signo.” 

En ese sentido, el directorio de la entidad remarcó que “la realidad actual demuestra que, luego de más de ochenta años de desatinos económicos e institucionales, nos cuesta mucho poder pensar por fuera de las experiencias fallidas recibidas.” 

Como ejemplo de esto, el documento alertó que “la idea de eludir al Congreso Nacional vía decretos de necesidad y urgencia es una que ha sido empleada de manera creciente por gobiernos de distinto signo.” Y agregó que “esa herramienta constitucional no puede ser utilizada frívolamente, según la conveniencia del gobernante de turno. 

Esos decretos excepcionales, concebidos para situaciones casi únicas, en cuanto a su oportunidad, sólo son procedentes si resulta ‘imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes’, como expresa el art. 99 inc. 3 de la Constitución; no pueden usarse a tontas y a locas”.

Asimismo, destacó el Colegio de Abogados en el documento, el empleo de los DNU ha sido severamente condicionado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Hoy no es difícil imaginar que iniciar un gobierno echando mano a una lluvia de decretos de necesidad y urgencia -como ocurrió en períodos anteriores- será condenado de manera unánime, con excepción de aquellos casos que sean subsumibles en la jurisprudencia actual”, advirtió la entidad.

Otra anomalía institucional que mencionó el Colegio de Abogados, ya condenada por muchos ordenamientos jurídicos desde hace siglos, son las leyes ómnibus. “Estas aberraciones legislativas han sido empleadas reiteradamente por el Congreso en las últimas décadas invocando abusivamente situaciones de emergencia”, sostuvo el Colegio de Abogados de la Ciudad.

Sobre este punto indicó la entidad que esa emergencia “sólo sirve para excusar esos amontonamientos de normas que no guardan conexión necesaria entre sí, dificultan el debate, toman por sorpresa a la ciudadanía y que, en muchos casos, han llegado a afectar un sinnúmero de garantías constitucionales.”

El directorio de la entidad remarcó que tampoco sería una buena idea volver sobre el aumento del número de jueces de la Corte Suprema. “No hay margen para insistir en este asunto. Es evidente que en la actualidad no están dadas las condiciones para volver a menear una cuestión tan delicada”, opinó el Colegio de Abogados de la Ciudad.

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Denunciaron a los funcionarios del gobierno que dieron de baja bases de datos de personas que tuvieron COVID-19

Imagen de Михаил Докукин en Pixabay

El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal para que se investigue la posible responsabilidad de los funcionarios del gobierno nacional que intervinieron en el dictado de la resolución mediante la que se ordenó la baja de una serie de bases de datos creadas con la finalidad de registrar los casos de COVID-19 y la aplicación Cuid.AR. 

Se trata de 12 bases de datos cuya eliminación fue ordenada a través de la resolución nro. 2 de 2023 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Según lo que Marijuán describió en la denuncia “como resultado de la disposición dictada se estaría eliminando cualquier tipo de registro de datos vinculado a las personas que pudieran haber registrado y/o utilizado las aplicaciones creadas por el Gobierno Nacional”. 

El fiscal federal señala en su escrito que con esta conducta se estarían suprimiendo posibles antecedentes de personas que hayan padecido el virus COVID-19 o utilizado estas herramientas y aplicaciones para registrar turnos de vacunación y demás datos personales que den cuenta de las políticas empleadas por el gobierno nacional para el plan de vacunación de la población del país.

“No debe perderse de vista que aún se sigue convocando a la población a que continúe y/o complete el plan de vacunación contra el “Coronavirus”, lo cual demuestra la necesidad que estos datos continúen siendo resguardados”, destaca el fiscal Marijuán en su denuncia.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal hace notar que también las bases de datos cuya eliminación se ordena en la disposición de la Jefatura de Gabinete alcanza a certificados y permisos de circulación emitidos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

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Causa Vialidad: las últimas palabras de Cristina Kirchner

El fiscal Diego Luciani rechazó los planteos de las defensas en la causa Vialidad

Causa Vialidad: último día de alegatos de la defensa de Lázaro Báez

 

Causa Vialidad: segundo día de alegatos de la defensa de Lázaro Báez

 

Causa Vialidad: comenzaron los alegatos de la defensa de Lázaro Báez

Juan Villanueva, defensor de Lázaro Báez

Causa Vialidad: alegatos de la defensa de José López

 

Vialidad: Cristina Kirchner protagonista de la última jornada de alegatos de su defensa

Causa Vialidad: continúan los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner

Causa Vialidad: comenzaron los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner

Segunda jornada de alegatos de la defensa de Julio De Vido en la causa Vialidad

Gabriel Palmeiro, uno de los abogados defensores de Julio De Vido

Causa Vialidad: alegatos de la defensa de Julio De Vido

 

Causa Vialidad: alegatos de la defensa de Mauricio Collareda

Cómo era la maniobra de 4 pasos para lavar dinero en los hoteles de la familia Kirchner

En las causas Hotesur y Los Sauces la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia están acusados de lavado de activos. Una vez terminada la investigación, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que los procesos se unifiquen en un sólo juicio. Sin embargo, antes de llegar al debate el Tribunal Oral Federal Nro. 5 sobreseyó a Cristina Kirchner y a sus hijos antes de que se llegue a realizar el juicio, un hecho inédito en la Justicia. Esa decisión fue apelada por el fiscal Diego Velasco y la Cámara de Casación convocó a las partes a una audiencia para el próximo 10 de noviembre para definir si se hace el juicio o si confirma el sobreseimiento.

En estos procesos la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia están acusados de lavar dinero proveniente de las obras públicas que le dieron a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Estos hechos están siendo juzgados en este momento y antes de fin de año habrá un veredicto. Este último juicio es relevante para Hotesur-Los Sauces. Si se confirma que hubo corrupción, ese dinero mal habido por Lázaro Báez habría vuelto como retorno a la familia Kirchner y se lavó a través de sus hoteles.

En esta maniobra intervinieron las firmas Hotesur, Valle Mitre e Idea. La primera es propietaria y las otras dos son administradoras de tres hoteles de la familia Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén. El primero es propiedad de Hotesur, el segundo es de Máximo y Florencia Kirchner y el tercero pertenece a Los Sauces.

Según la investigación de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita estos establecimientos formaron parte de un engranaje montado para lavar dinero de la corrupción en una operación que constaba de cuatro pasos.

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La primera etapa del mecanismo fue la adquisición de tres hoteles por parte de la familia Kirchner para luego entregarlos para que los administre y explote la empresa Valle Mitre, propiedad de Lázaro Báez. A través de esta actividad buscaban canalizar de manera regular y permanente los fondos que habían logrado sustraer junto a Báez por medio de la obra pública vial en Santa Cruz. Pero los Kirchner necesitaban justificar el dinero con el que iban a comprar los hoteles.

Para esto Néstor y Cristina recurrieron al Grupo Báez, al Grupo Eskenazi -mediante el Banco de Santa Cruz- y a la venta de tierras fiscales a más de 40 veces su valor original. Además le vendieron a Báez varios inmuebles.

Con esas operaciones justificaron los 15 millones de pesos para comprar los hoteles. Uno de los mayores “aportantes” fue Lázaro Báez por medio de Austral Construcciones que le dio a los Kirchner un préstamo por más de 8 millones 300 mil pesos.

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Causa Vialidad: última jornada de alegatos de la fiscalía

 

Causa Vialidad: alegatos de la fiscalía. Día 8

Las claves para entender la causa en la que pueden condenar a Cristina Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner está transitando uno de los momentos más difíciles de su situación procesal en el juicio oral y público de la llamada causa Vialidad que la tiene como principal acusada. La ex jefa de Estado está siendo juzgada por los contratos de obra pública con que favoreció al grupo empresario de Lázaro Báez.

Desde hace dos semanas los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vienen desarrollando sus alegatos en los que explican con minuciosa rigurosidad cada una de las pruebas colectadas en la investigación. El cúmulo probatorio es abrumador y el temperamento mostrado por los fiscales permite anticipar que en la última jornada de alegatos pedirán una pena de prisión para Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación, algunas claves para entender esta causa judicial que puede culminar con una sentencia condenatoria para la jefa del kirchnerismo.

1. Cómo se inició la causa

- La causa es conexa a la 15.734/2008 iniciada por la denuncia de Elisa Carrió. En esa causa pidieron que se investigue a Néstor Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Báez.

- Carrió hizo extensiva la denuncia a Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, Badial y Sucesores de Anselmo Biancalani. Las últimas 4 empresas mencionadas fueron adquiridas por Lázaro Báez quien no tenía ninguna experiencia en la ejecución de obras públicas.

- El 23 de diciembre de 2008 se le corrió vista al fiscal Gerardo Pollicita y éste formuló el requerimiento de instrucción circunscribiendo el objeto procesal. Pollicita expuso que los lineamientos consignados por los denunciantes describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los intervinientes, así como también el exponencial crecimiento en sus patrimonios, precisamente a partir de los vínculos establecidos. Los ilícitos habrían comenzado en 2003.

- En general se relacionaban con contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas sin cumplir normas vigentes.

- Características: concentración económica, siempre las mismas empresas, escasa diferencia en las cotizaciones en las licitaciones, alternancia en las adjudicaciones y sobreprecios.

- Los denunciantes incorporaron posteriormente a CFK a la denuncia.

- También se incorporan las presentaciones que hizo Margarita Stolbizer en la causa 11.352/2014. De ahí surge que durante las presidencias de Néstor y Cristina diferentes funcionarios públicos y empresarios privados habrían conformado una asociación ilícita relacionada con la obra pública. La integraban José López, Lázaro Báez, Julio De Vido y Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.

- El 22 de junio de 2016 se forman dos legajos para investigar presuntos desmanejos en la realización de la ruta nacional 3 y la ruta provincial 9 en Santa Cruz a partir de una denuncia que hizo el entonces administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad.

- El 3 de agosto de 2016 los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la conexidad entre los actuados anteriores y la causa iniciada por la denuncia de Carrió, solicitud a la que hizo lugar el juez federal Julián Ercolini.

2. Cómo era la maniobra

Según la investigación la operatoria delictiva se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales:

- La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial. Es así que el 8 de abril de 2003 Lázaro Báez constituyó Austral Construcciones, unas pocas semanas antes de que asumiera Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.

- La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional. Designaron a empleados públicos de cercanos al matrimonio presidencial que los venían acompañando desde la intendencia de Río Gallegos: Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Carlos Kirchner, entre otros.

- La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz. Esta provincia fue la más beneficiada por los contratos de obra pública.

- El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor de Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado. Para que los fondos fueran a Báez se designó como jefe del distrito 23 de Vialidad de la provincia de Santa Cruz a Nelson Periotti.

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Causa Vialidad: alegatos de la fiscalía. Día 7